Abogado especialista delito narcotráfico

Abogado especialista delito narcotráfico

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teléfono de urgencias.

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La legislación española es bastante concreta al respecto de los llamados delitos contra la salud pública. En concreto, todo lo relativo a su definición, penas, agravantes y atenuantes podremos encontrarlos en los artículo 359 a 378 del Código Penal, bajo el Título XVII, “De los delitos contra la seguridad colectiva”, en respuesta al artículo 43 de la Constitución Española el cual recoge “el derecho a la protección de la salud”, siendo competencia de los poderes públicos “organizar y tutelar la salud pública”.  (Abogado especialista delito narcotráfico).

Delitos contra la salud pública

Cuando hablamos de delitos contra la salud pública nos estamos refiriendo a dos grupos fundamentales de actuaciones delictivas que veremos a continuación.  (Abogado especialista delito narcotráfico).

1.Los delitos de salud pública relacionados con el comercio (Arts. 359 a 367)

Los delitos de salud pública vinculados al comercio incluyen acciones como la elaboración, la fabricación, la importación, la exportación, la intermediación, el almacenamiento, el ofrecimiento, la comercialización, el despacho o el suministro de sustancias nocivas para la salud y productos químicos, medicamentos de uso tanto humano como veterinario, alimentos, etcétera para los que no se disponga de la preceptiva autorización, o se efectúe sin seguir las normas imperantes, o se adulteren, estén caducados, etcétera.  (Abogado especialista delito narcotráfico).

Las sanciones contempladas para estos delitos incluyen penas de prisión que pueden ir desde los tres meses hasta varios años, penas de multa e inhabilitaciones para el ejercicio de la profesión. La duración de estas penas variará en bases a diferentes agravantes.  (Abogado especialista delito narcotráfico).

También se incluyen dentro de estos delitos el envenenamiento o adulteración de aguas o cualquier otro alimento con sustancias infecciosas, u otras que puedan ser gravemente nocivas para la salud o la puesta en circulación de animales o productos derivados de los mismos que hayan sido tratados con sustancias que puedan general un riesgo para la salud de las personas.  (Abogado especialista delito narcotráfico).

Los delitos de salud pública relacionados con drogas, estupefacientes y/o sustancias psicotrópicas (Arts. 368 a 378)

En esta ocasión, el Código Penal resulta aún más específico al señalar que serán considerados autores de este delito quienes “ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines”.

En este caso el castigo contemplado es de pena de prisión que oscila entre uno y doce años en función de las circunstancias en que se hayan cometido los hechos (la cantidad y valor de las sustancias incautadas, la pertenencia o no a banda organizada, el posible uso de violencia en la comisión del delito, si se utiliza a menores, si el delito se comete durante el ejercicio de determinadas profesiones, etcétera) y multas que van desde el doble hasta el cuádruple del valor de lo incautado.  (Abogado especialista delito narcotráfico).

Un buen ejemplo a este tipo de delitos contra la salud pública lo encontramos en la sentencia STS 1555/2016 de la Sección Primera de la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo según la cual se condena a F.C. como autor responsable de un delito contra la salud pública previsto y penado en el artículo 370.1 del Código Penal, a la pena de ocho años de prisión, una multa de 94.610,832 euros; inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y al pago de uno octavo de las costas procesales causadas por traficar, sobre todo bajo la modalidad de “venta al menudeo” con cocaína, heroína y otras sustancias.  (Abogado especialista delito narcotráfico).

La defensa de la Salud Pública, supraconcepto que va más allá de la salud individual de cada ciudadano. Pero, junto a ello, se protegen bienes propios de las personas físicas en concreto, como su vida o salud individuales.

Su regulación se halla en los artículos 359 a 378, ambos inclusive, Capitulo III del Título XVII, que alberga los delitos contra la seguridad colectiva. El mencionado Título consta de 4 Capítulos: el 1º) se ocupa de los delitos de riesgo catastrófico, el 2º) de los incendios, el 3º) -como se dijo- de los delitos contra la Salud Pública y el 4º) de los delitos contra la seguridad del tráfico.  (Abogado especialista delito narcotráfico).

En cuanto al Capítulo III, suele distinguirse dos grandes grupos: delitos contra la salud pública, derivados de actividades económicas y delitos de tráfico de drogas.

a) Delitos contra la salud pública, derivados de actividades económicas (artículos 359 a 367).

b) Delitos de tráfico de drogas (artículos 368 a 378).

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en su Exposición de motivos establece que: “En materia de tráfico de drogas se producen algunos reajustes en materia de penas, de conformidad con las normas internacionales, en concreto la Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas. De acuerdo con los criterios punitivos marcados por dicha norma armonizadora, se refuerza el principio de proporcionalidad de la pena reconfigurando la relación entre el tipo básico y los tipos agravados del delito de tráfico de drogas. Las numerosas agravaciones específicas que contiene el Código Penal en esta materia -también de acuerdo con la pauta europea- siguen asegurando dentro de la nueva escala punitiva una respuesta efectiva frente a aquellas conductas que realmente exigen una reacción especialmente firme.

Asimismo, se acoge la previsión contenida en el Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, de 25 de octubre de 2005, en relación con la posibilidad de reducir la pena respecto de supuestos de escasa entidad, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias recogidas en los artículos 369 bis, 370 y siguientes.

Del mismo modo, se precisa más adecuadamente la agravante de buque, en la que venían detectándose algunos problemas de interpretación, añadiéndose el término «embarcación» a fin de permitir la inclusión de otros tipos de embarcaciones habitualmente utilizadas en estos delitos, como, por ejemplo las semirrígidas” (conocidas popularmente como planeadoras).  (Abogado especialista delito narcotráfico).

Se trata de una serie de delitos cuya naturaleza es “de peligro”, es decir, que sancionan penalmente conductas que ponen en riesgo la vida o salud de los ciudadanos.

Son delitos que cumplen con el mandato constitucional, en esta materia, de establecer medidas preventivas por lo que, en consecuencia, no esperan a que se produzcan resultados dañinos para las personas sino que adelantan la barrera de protección para tutelar actividades de riesgo indudable como la elaboración de un medicamento fraudulento o un producto alimenticio nocivo para la salud.

Estos delitos, por la importancia de la vida y salud de las personas, son castigados incluso aunque las conductas infractoras sean imprudentes, siempre que se trate de imprudencia grave, es decir, de un nivel de negligencia y descuido imperdonable, que no puede permitirse a una persona normal.  (Abogado especialista delito narcotráfico).

Con todo, la prueba pericial aparece como fundamental en estos delitos, a fin de que técnicos y especialistas en la materia informen sobre requerimientos técnicos, niveles de riesgo producidos y consecuencias económicas a evaluar, en caso de que se rebasen los delitos de riesgo y aparezcan resultados dañosos concretos (muertes, lesionados, etc.).

Los autores de estos delitos, que tienen la condición de delitos especiales, la mayoría, no son personas corrientes sino aquellas que se dedican a las actividades contenidas en los tipos penales aplicados (farmacéuticos, directores de laboratorios, comerciantes, fabricantes, ganaderos y los que con ellos colaboran).

Las penas que se prevén son penas de prisión de hasta tres años, además de multas, si bien pueden llegar hasta los seis años en los casos de envenenamientos de agua, o alimentos.

Además, está prevista la imposición de la pena de inhabilitación especial, que puede llegar a los diez años, para el ejercicio de la profesión cuando los autores sean profesionales relacionados con el sector.

Para evitar la perpetuación de estos delitos, se prevé la clausura del establecimiento, fábrica, laboratorio o local en el que se realizara el hecho delictivo, por tiempo de hasta cinco años, pudiendo decretarse el cierre definitivo en los supuestos de extrema gravedad.  (Abogado especialista delito narcotráfico).

No hay reglas especiales sobre responsabilidad civil, esto es, consecuencias económicas de estos delitos, pero sin duda conviene tener presente que en estos delitos los daños que pueden ocasionarse pueden llegar a ser de gran magnitud, así por “responsabilidad por producto defectuosos” o “alimentos adulterados”, originando reclamaciones económicas importantes. De ahí que esas cuestiones hagan entrar en esta problemática, de un lado a las asociaciones de consumidores de un lado, y a la Administración Pública, normalmente las Comunidades Autónomas y las propias empresas, de otro.

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